La gestión de identidades se ha convertido en un elemento fundamental en plena transformación digital. Por ello, la compañía suiza Euronovate, matriz de la empresa española Vintegris, acaba de presentar en nuestro país su identificador de clientes digital para el mundo financiero: “TAP-ID”, basado en blockchain. Orientada tanto para empresas como para particulares, recopila, verifica y permite acceder fácil y sencillamente a las identidades de los usuarios.
Esta solución, única en el mercado que permite seis formas de identificación: reconocimiento biométrico, voz e imagen en directo, comprobación domiciliaria, certificación de firma y Check AML5, también permite verificar la identidad de documentos nacionales de identidad de 180 países. Única también a la hora de validar online una firma estática como la que puede aparecer en un pasaporte.
Una garantía para el sector financiero en el entorno del blanqueo de capitales ya que provee de listas cualificadas, detecta posibles personas susceptibles de blanquear dinero a terceros, reconoce a personas despedidas o cesadas de diferentes compañías, y a los insolventes, especificando si un particular o empresa está o ha estado en bancarrota. Los multados o aquellos que están siendo procesados por las autoridades financieras nacionales o internacionales también podrán ser identificados. Y todo ello sin olvidar otro de sus listados: el de particulares y empresas que han sido citados en documentos oficiales por entes policiales internacionales como el FBI o la Interpol.
Además, cuenta con un cuestionario KYC, dirigido al cliente financiero con el fin de verificar su identidad, recabando información sobre sus propósitos.
¿Cómo funciona? Cuenta con una tecnología que permite certificarse con un solo onboarding en línea en escasos minutos. Una identificación que varía en función de los cambios que van sufriendo las personas a lo largo de su vida, con el fin de asegurar que es la misma persona quien decide cómo, cuándo y quién tiene acceso a su identidad.
Con tan solo un paso puede compartirse los datos para cualquier nuevo servicio u organismo, por lo que se puede interactuar con bancos, aseguradoras, telecos o administraciones públicas, cumpliendo con la directiva europea que regula los servicios de pago.
