Las administraciones públicas españolas no están a la altura en cuanto a transformación digital se refiere. Así lo pone de manifiesto el estudio realizado por la consultora EY: “La Administración Digital en España” del que se desprende que de las 17 CC.AA., analizadas, las 52 diputaciones y cabildos y los 21 principales ayuntamientos no cumplen con todos los requerimientos básicos que exigen la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, y 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. Estas leyes, que suponen un cambio de paradigma en la prestación de los servicios públicos y el funcionamiento de las administraciones públicas españolas y sientan las bases para su funcionamiento digital, exigen que se cumplan todas sus demandas, en octubre del año que viene.
Las comunidades autónomas consiguen cumplir un 77 % de los requerimientos básicos, siendo el País Vasco la que va en cabeza en funcionamiento digital, con el 98 % de las exigencias aprobadas, seguida muy de cerca por Galicia, Cataluña, Asturias y Madrid. En el lado contrario Extremadura, que no llega ni al 50 % de los requerimientos básicos, seguida por Aragón, y Navarra. Diputaciones y cabildos se quedan en el 64 %, mientras la media de los principales ayuntamientos españoles se sitúa en el 64,5 %.
De las temáticas analizadas, el portal web o acceso electrónico que permite el acceso de Internet a la información publicada, es uno de los aspectos más positivos, ya que 16 de las 17 CC.AA. cumplen al 100 % con sus requerimientos; junto a 25 diputaciones y cabildos y 13 de los 21 ayuntamientos analizados.
Por su parte, solo ocho comunidades autónomas permiten que los ciudadanos puedan relacionarse con la administración a través de su sede electrónica, número que en el caso de las diputaciones y cabildos, solo asciende a 14 y a 12 de los 21 ayuntamientos analizados.
En cuanto a los canales para que ciudadanos y empresas puedan relacionarse por medios electrónicos con la administración, 10 de las 17 CC.AA., cumplen al 100 % con los requerimientos, porcentaje que se sitúa en el 42,3% en las diputaciones y cabildos y en el 47,6% en el caso de los ayuntamientos.
Las cifras descienden drásticamente cuando se trata de la identidad digital y la firma electrónica, con solo cuatro CC.AA. al día en esta materia, cinco diputaciones o cabildos y dos ayuntamientos. Tampoco se cumplen las expectativas en el empleo efectivo de medios electrónicos para notificar a la ciudadanía sobre resoluciones dictadas y actos administrativos y la representación y registro electrónico.
Para Manuel Márquez, socio de EY, responsable de consultoría de sector público, “el sector público español tiene que transformarse digitalmente al mismo ritmo que empresas y ciudadanos, ya que solo de esta manera podrá dar respuesta a los retos de la sociedad”.
