Whistleblower Software, compañía LegalTech, subraya que, según sus datos, si bien el 75 % de las empresas adoptan un canal de denuncia de irregularidades para cumplir la ley, el 63 % lo hacen por otras razones más allá del simple cumplimiento legal, entre las que destacan exigencias de los clientes, códigos de conducta, gestión interna o buenas prácticas.
Desde Whistleblower Software recuerdan que en España, el próximo 13 de junio es la fecha límite para que las empresas de más de 250 empleados dispongan de un canal de denuncias, según establece la reciente ley conocida como Ley Whistleblowing. También estarán obligadas a contar con estos canales las entidades del sector público (excepto los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes), los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos.
Según explican los expertos de Whistleblower Software, que da servicio a más de 3 millones de empleados en 80 países, en el resto de Europa y en el mundo donde este tipo de normativas llevan tiempo en vigor, el cumplimiento obligatorio de la normativa y las posibles multas no son las únicas motivaciones para que las empresas cuenten con este tipo de plataformas de denuncia. Otras razones de peso que animan a las compañías a adoptarlas son, por ejemplo, crear una cultura abierta en la empresa, favorecer el eficaz funcionamiento de la empresa, construir un código de conducta interno o responder a los requisitos de colaboración entre clientes con una estricta política de cumplimiento.
«La Ley Whistleblowing obliga a las empresas españolas a implantar un canal de denuncias. Pero lo que muchos no saben es que son las propias empresas las que quieren implantarlo, más allá de las exigencias legales, bien por el código de conducta interno o a petición de los clientes. El mercado del whistleblower se ha convertido en un propósito muy claro para las entidades, que deja de lado las implicaciones legales para convertirse en una buena práctica corporativa», explica Álvaro Blanco, country manager de Whistleblower Software en España.
