La cancelación por parte de Broadcom de su proyecto de fábrica de semiconductores en España, valorado en unos 850 millones de euros, ha provocado un importante revés para el Plan Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) dedicado a la industria de los semiconductores. Y es que este plan, desarrollado por el Gobierno español para impulsar la soberanía tecnológica y situar al país como un nodo clave en la fabricación avanzada de chips a nivel europeo, pierde uno de sus proyectos emblemáticos.
Broadcom había anunciado en julio de 2023 su intención de instalar una planta de empaquetado y prueba de semiconductores en España, un paso que se consideraba fundamental para atraer inversión extranjera directa y fomentar el desarrollo de un ecosistema tecnológico competitivo. Sin embargo, diversos factores, como la incertidumbre global, las tensiones comerciales, la volatilidad en la cadena de suministro y el contexto geopolítico han llevado a la multinacional a desistir de esta inversión.
Ante esta situación, la Asociación Española de la Industria de Semiconductores (AESEMI) ha expresado su preocupación y ha instado a una revisión y agilización de los mecanismos regulatorios y de atracción de inversiones estratégicas. En un comunicado, el organismo subraya la importancia de contar con una política industrial común a nivel europeo que garantice un marco estable, seguro y competitivo. La asociación destaca que es imprescindible avanzar hacia una reforma profunda del marco regulatorio para eliminar barreras burocráticas y ofrecer certidumbre jurídica que facilite la llegada y consolidación de proyectos de alto valor añadido.
Además, AESEMI insiste en la necesidad de que Europa mantenga una política interior coherente y firme, capaz de gestionar las complejidades del escenario internacional y proporcionar estabilidad en las relaciones internacionales, un factor esencial para la confianza de los inversores en un sector tan globalizado como el de los semiconductores.
El PERTE Chip sigue siendo fundamental para la transformación del sector tecnológico en España y la reducción de la dependencia tecnológica externa
Compromisos e inversiones que siguen adelante
A pesar del golpe que supone la retirada de Broadcom, otras grandes compañías continúan con sus planes de inversión en España dentro del marco del PERTE Chip. Cisco, por ejemplo, ha anunciado la creación en Barcelona de su primer centro de diseño de semiconductores de próxima generación en Europa, lo que representa un avance significativo para el desarrollo de capacidades propias en el continente.
Por su parte, Intel, en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center, está impulsando un laboratorio de diseño de microchips con una inversión conjunta de 400 millones de euros a diez años, cofinanciada con fondos públicos. Este proyecto pone el foco en la investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas que puedan competir a nivel internacional.
Además, la segunda convocatoria del PERTE Chip ha otorgado financiación a diversas empresas nacionales que trabajan en áreas estratégicas como la fotónica, la metrología, la computación cuántica y la microelectrónica avanzada. Proyectos liderados por compañías como Vodafone Intelligent Solutions, Ipronnics Programmable Photonics, VLC Photonics, Spartc Foundry y Wooptix, entre otras, evidencian el impulso a la innovación y la especialización tecnológica que se busca fomentar con este plan.
Perspectivas y retos de futuro
El PERTE Chip sigue siendo fundamental para la transformación del sector tecnológico en España y la reducción de la dependencia tecnológica externa, con la ambición de convertir al país en un hub tecnológico de referencia en Europa. Sin embargo, la salida de Broadcom es un recordatorio de los retos que persisten, entre los que se encuentran la competencia internacional, la necesidad de una regulación ágil y atractiva, o la gestión de un entorno geopolítico incierto.
El programa prevé movilizar hasta 12.000 millones de euros entre 2022 y 2027, y su evolución estará condicionada por factores como la estabilidad regulatoria, el ritmo de ejecución de los fondos y el interés de los inversores.
