Pedro Sánchez acaba de anunciar la apertura de una investigación a Meta por una supuesta violación de la privacidad de millones de usuarios en España. La compañía, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, deberá comparecer ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre lo ocurrido.
La iniciativa se fundamenta en una investigación llevada a cabo por varios centros internacionales: IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos). Estos organismos detectaron que Meta habría utilizado durante casi un año un mecanismo oculto que permitía rastrear la actividad web de usuarios de dispositivos Android. El sistema recopilaba información sobre las páginas visitadas en el navegador y la vinculaba con las identidades de los usuarios en Facebook e Instagram, incluso cuando navegaban en modo incógnito o a través de una VPN.
Según el comunicado de presidencia del Gobierno, esta práctica podría contravenir diversas normativas europeas en materia de protección de datos y regulación digital. Entre ellas figuran el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). Al mismo tiempo, Meta afronta demandas colectivas relacionadas con cuestiones de privacidad en Alemania, Estados Unidos y Canadá.
El objetivo de la investigación es determinar con precisión lo ocurrido, evaluar el impacto sobre los usuarios y exigir explicaciones a la compañía en caso de confirmarse las irregularidades. En su intervención en el IV Foro Metafuturo, celebrado en el Ateneo de Madrid, Sánchez ha subrayado el compromiso del Ejecutivo con la defensa de los derechos digitales. “En España, la Ley está por encima de cualquier algoritmo o cualquier gran plataforma tecnológica. Y quien vulnere nuestros derechos pagará las consecuencias”.
Además del anuncio sobre Meta, el presidente avanzó que el Gobierno presentará próximamente un paquete de medidas para abordar cuatro riesgos relevantes en el entorno digital: las campañas de desinformación, la protección de menores, el discurso de odio y la polarización social, y la defensa de la privacidad. Estas iniciativas se enmarcan en los compromisos adquiridos por España en la última cumbre de Davos, donde se alertó sobre la concentración de poder tecnológico y sus efectos sobre la cohesión social y las democracias.
El Ejecutivo sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para reforzar la protección de los derechos digitales de la ciudadanía, especialmente de los jóvenes. Sánchez ha señalado que, si bien las redes sociales han aportado beneficios significativos, también han generado nuevos desafíos que requieren una regulación más estricta. Según ha afirmado, algunas plataformas priorizan “el beneficio sobre el bienestar, el clic sobre el derecho y el algoritmo sobre la Ley”, una situación que, en sus palabras, debe ser corregida.
