El “Informe de Ciberpreparación”, publicado en 2024 por la aseguradora Hiscox, expuso que el 96 % de las empresas españolas ha sido blanco de ciberataques en el último año, independientemente de si estos han tenido éxito o no.
Con el aumento de esta amenaza, la Unión Europea ha desarrollado la Directiva NIS-2, que establece nuevas exigencias de ciberseguridad para empresas e infraestructuras críticas en los Estados miembros. Su principal objetivo es:
- Mejorar la capacidad de respuesta ante ciberincidentes.
- Promover la cooperación entre los distintos países europeos.
- Fortalecer la protección de sectores estratégicos frente a ciberataques cada vez más numerosos y avanzados, especialmente con el surgimiento de la inteligencia artificial generativa.
En España, el 14 de enero, el consejo de ministros aprobó el anteproyecto de Ley de coordinación y gobernanza de la ciberseguridad. Este nuevo marco legislativo, alineado con la NIS 2, supone un paso importante en la protección de las infraestructuras digitales en España, ampliando las exigencias de seguridad a sectores estratégicos como la energía, la salud, las telecomunicaciones y el transporte, clasificados como sectores de alta criticidad y otros sectores.

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¿Quiénes están cubiertos por la nueva regulación?
Bajo este marco jurídico las empresas se dividen en dos categorías, según su tamaño y sector, detallados en anteproyecto de Ley y Directiva NIS-2:
- Entidades esenciales: Organizaciones grandes (≥250 empleados o >50 millones de euros de facturación anual) pertenecientes a sectores de alta criticidad.
- Entidades Importantes: Empresas medianas (50-249 empleados o >10 millones de facturación anual) dentro de otros sectores.
La nueva ley no se limita a la transposición de la Directiva Europea NIS-2, sino que refuerza las obligaciones de ciberseguridad para garantizar una mayor resiliencia digital en un mayor número de organizaciones.
Alta dirección, clave en la nueva gobernanza de la ciberseguridad
La ciberseguridad en muchas empresas se gestionaba exclusivamente desde los departamentos de TI, cuando no solamente existen riesgos de pérdida de datos, también afectan directamente a la continuidad operativa de las empresas y a su reputación.
Ahora, con esta nueva normativa, la responsabilidad se amplía a los consejos de administración y a las altas direcciones, que deberán asumir un papel activo en el cumplimiento de estas medidas. Esto es importante ya que podrían enfrentar responsabilidades directas, lo que resalta la importancia de una gobernanza real y efectiva.
¿Están las empresas españolas preparadas para esta nueva normativa?
Los ciberataques no solo implican pérdidas económicas considerables derivadas de rescates de datos o recuperación de sistemas, sino también daños reputacionales que impactan directamente en la confianza de los clientes y proveedores.
Por esta razón es vital que las empresas cuenten con un plan de continuidad de negocio bien definido, que les permita actuar rápidamente desde el minuto uno de detectarse un ataque. A esto se suman las sanciones previstas en el régimen sancionador de la Directiva NIS-2:
- Para entidades esenciales: Multas de hasta 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocio global.
- Para Entidades Importantes: Multas de hasta 7 millones de euros o el 1,4 % del volumen de negocio global.
Pasos claves para adaptarse a las exigencias de la NIS-2
En TÜV Rheinland destacamos una serie de pasos fundamentales para que las organizaciones puedan cumplir con estas nuevas normativas y adaptarse a los retos de la ciberseguridad del presente:
- Análisis de carencias: Realizar una evaluación inicial para comprender el grado de cumplimiento actual con la normativa NIS-2, y así establecer una hoja de ruta de mejora.
- Inventario de activos: Obtener un control exhaustivo sobre los activos tecnológicos disponibles, un paso crítico para abordar la protección.
- Evaluación de riesgos: Identificar vulnerabilidades y evaluar el impacto potencial de ciberataques, diseñando estrategias efectivas para minimizar riesgos.
- Formación continua: Capacitar a los empleados, consejos de administración y altas direcciones.
- Auditorías de ciberseguridad: Evaluar regularmente el estado de los sistemas y detectar posibles deficiencias para implementar las mejoras necesarias.
- Planes de respuesta ante incidentes: Diseñar y mantener actualizados protocolos claros de actuación para minimizar daños y garantizar la continuidad operacional tras un ciberataque.
- Seguridad en la cadena de suministro: Homologar proveedores y evaluar los riesgos en la cadena de suministro para prevenir interrupciones operativas derivadas de fallos externos.
La ciberseguridad como prioridad estratégica
En un escenario donde los ciberataques son cada vez más frecuentes y sofisticados, la ciberseguridad ya no debe ser vista como un asunto meramente técnico, sino como una prioridad estratégica para garantizar la protección y sostenibilidad de las empresas.
Rubén Fusté
Cybersecurity business manager de TÜV Rheinland España