La asociación @aslan ha presentado el informe “Análisis y buenas prácticas en los sistemas de contratación pública TIC” para evaluar los diferentes aspectos relacionados con los sistemas de contratación de tecnología.
El estudio, impulsado por la comisión para las Administraciones públicas y encargado a Kalaman Consulting, se ha elaborado en colaboración con los asociados y se ha centrado en las dos herramientas que recoge la ley de contratos del sector público: los acuerdos marco (AM) y los sistemas dinámicos de adquisición (SDA).
El informe señala que durante 2023 el conjunto del sector público convocó 144 licitaciones de AM asociados a suministros y servicios de tecnología e innovación por un valor estimado de cerca de 2.850 millones de euros. Los concursos públicos de la Administración General del Estado (AGE) fueron 37 con un valor estimado de 1.800 millones de euros.
El año pasado también se convocaron 28 licitaciones dentro de la categoría SDA por un valor estimado de casi 1.500 millones de euros, de los que el 87 % (1.300 millones de euros) correspondió a un único SDA de la AGE.
La presidenta de la comisión para las Administraciones públicas de @aslan, Natalia García, destacó que las prácticas analizadas impactan tanto en el sector público como en “la velocidad de transformación de otros sectores y de empresas de diverso tamaño”.
El informe plantea también una serie de recomendaciones desde el punto de vista de las empresas licitadoras con el fin de mejorar estos procesos de contratación.
Una de ellas es sobre el precio que es uno de los factores que intervienen en la relación calidad-precio de las ofertas. El estudio señala que este criterio debe ponderarse adecuadamente en cada caso para evitar una pérdida de calidad en las soluciones ofertadas.
Otro tema que es importante está relacionado con el plazo de presentación de las ofertas que es muy ajustado en muchas ocasiones. Además, en algunos casos se produce que las empresas más preparadas no lleguen a ser adjudicatarias de ningún contrato. Por tanto, el informe recomienda implementar prácticas rotativas de adjudicación.
El estudio también plantea que la constitución de la garantía definitiva puede convertirse en una barrera de entrada para algunas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, por lo que pide que sea proporcionada y acorde al perfil de los licitadores potenciales.
El análisis señala que ciertos costes dificultan la participación de las empresas en los concursos como los de la pruebas de concepto que exigen algunos o los costes relacionados con el precio de la mano de obra de los contratos de servicios que se fija a años vista sin que la legislación actual permita la revisión o tenga en cuenta otras circunstancias que no se pueden prever como la inflación.
La transparencia es otro aspecto que reclaman las empresas y, además, se piden mecanismos para agilizar algunos procesos como el de las nuevas invitaciones de los contratos que hayan quedado desiertos o la necesaria y correcta planificación de los contratos basados cuando los servicios han de ser renovados periódicamente.
