ASTEL considera muy adecuadas todas aquellas medidas, introducidas por la ley y que están orientadas a facilitar y eliminar las trabas existentes en el despliegue de redes y prestación de servicios. Tales son, entre otras, la posibilidad de utilizar las infraestructuras de otros sectores a efectos de desplegar redes de telecomunicaciones, la mejora en la compartición de infraestructuras, el despliegue en edificios o el inventario de edificios, así como la reducción de cargas administrativas y la simplificación de las obligaciones de información de los operadores.
ASTEL entiende, igualmente, que las disposiciones encaminadas a recuperar la unidad de mercado y frenar la dispersión normativa y los mecanismos de coordinación entre las distintas administraciones son medidas muy oportunas y que venían siendo reclamadas por el sector desde hace años.
No obstante, la consecución de los objetivos perseguidos por la ley dependerá en gran medida del necesario desarrollo reglamentario y su traslación a la normativa autonómica y local.
ASTEL cree, que si bien el balance global es positivo, con esta nueva ley se ha perdido quizás una oportunidad importante de mejorar la situación competitiva del sector, mediante la inclusión de medidas de impulso de la competencia efectiva.
Nos estamos refiriendo a los siguientes aspectos que no se han visto recogidos, tales como la mejora en la definición y regulación del principio de equivalencia aplicable a los operadores dominantes,la eliminación de trabas a la actuación de los organismos reguladores o el necesario reforzamiento e independencia de la CNMC.
Tampoco se ha avanzado mucho en eliminar la actual carga a la que están sometidos los operadores, no recogiéndose compensación económica alguna a los operadores por determinadas actuaciones de la Administración ni introduciéndose posibles mecanismos de financiación o cofinanciación pública para sufragar el servicio universal, dado que el sector de telecomunicaciones se encuentra ya muy gravado, con una fiscalidad muy alta. Del mismo modo, considera que hay algunas ambigüedades en el texto que hubieran sido fácilmente solucionadas, como las medidas de desarrollo de la Estrategia Nacional de Redes Ultrarrápidas o la no exclusión de la aplicación de la regulación de los derechos de consumidores y usuarios a las grandes empresas que negocian sus contratos con los operadores.
ASTEL estima que con la entrada en vigor de esta Ley se crea, en cualquier caso, un marco más adecuado para la realización de inversiones para el despliegue de redes de nueva generación y la prestación de servicios de telecomunicaciones, que va a permitir ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más adecuados a las necesidades de los ciudadanos.
