Durante años, la relación entre Europa y las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses ha estado marcada por la confrontación. Desde los escándalos por uso indebido de datos personales hasta la proliferación de discursos de odio y desinformación, Bruselas ha ido construyendo un marco regulatorio cada vez más exigente con el objetivo de proteger a los usuarios y reforzar la soberanía digital del bloque.
Ese proceso llegó a su punto álgido en 2024 con la entrada en vigor de la Digital Services Act, una normativa que obliga a las mayores plataformas a retirar con rapidez contenidos ilegales o perjudiciales y que contempla multas de hasta el 6 % de la facturación global anual en caso de incumplimiento. La ley fue presentada como un hito para “dar forma al futuro digital europeo”, pero desde su aprobación la gran incógnita ha sido hasta qué punto la Unión Europea estaría dispuesta a aplicarla con firmeza frente a gigantes empresariales con sede en Estados Unidos.
En las últimas semanas, esa incógnita ha empezado a despejarse, aunque no solo desde Bruselas. La presión pública por la seguridad infantil en internet (alimentada por casos de imágenes sexuales generadas con inteligencia artificial y por el aumento de la preocupación sobre la adicción y el acoso en redes sociales) ha empujado a varios gobiernos a actuar por su cuenta.
Éste es el caso de España, que ha dado un paso significativo al ordenar a la Fiscalía investigar a Meta, propietaria de Facebook, así como a X y TikTok, por la presunta difusión de imágenes sexuales de menores creadas mediante inteligencia artificial. La decisión no ha sido la primera en Europa ya que, tal y como recuerda Reuters, ha habido movimientos similares en el Reino Unido y en Irlanda, que ha abierto una investigación formal sobre Grok, el chatbot de X, por el tratamiento de datos personales y la generación de imágenes sexualizadas potencialmente dañinas.
El trasfondo es más amplio. Francia, España, Grecia, Dinamarca, Eslovenia y la República Checa han planteado en las últimas semanas la posibilidad de prohibir el acceso a redes sociales a adolescentes, siguiendo la estela de Australia. Alemania y el Reino Unido estudian medidas parecidas para luchar contra la adicción digital y el descenso del rendimiento escolar ante los avisos sobre la exposición de menores a contenidos violentos o sexuales.
Estas iniciativas reflejan no solo urgencia política, sino también cierta frustración con el ritmo de actuación comunitario. Aunque la Comisión Europea insiste en que ya ha abierto investigaciones (entre ellas contra X por el despliegue de Grok), algunos gobiernos temen que los procedimientos sean largos y que el impacto político de la inacción sea inmediato.
El Gobierno de España ha defendido que la ofensiva regulatoria busca “romper la dependencia digital de Estados Unidos”
Conflicto geopolítico
El conflicto, además, trasciende el ámbito regulatorio y se adentra en el terreno geopolítico. Donald Trump ha advertido en varias ocasiones que responderá con aranceles o sanciones si considera que la aplicación de normas digitales europeas perjudica a empresas estadounidenses. En ese contexto, cada expediente abierto contra una gran tecnológica se interpreta también como un gesto político.
Emmanuel Macron, presidente de Francia, llegó a calificar la resistencia de Estados Unidos a la regulación europea como una “batalla geopolítica”. Desde Washington, miembros de la actual administración han acusado a Europa de seguir una deriva que, a su juicio, amenaza valores fundamentales y han animado a oponerse a esa orientación.
En España, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, ha defendido que la ofensiva regulatoria busca “romper la dependencia digital de Estados Unidos” y ha advertido de que algunas plataformas pueden ser utilizadas para desestabilizar democracias europeas. Por su parte, Sira Riego, ministra de Juventud e Infancia, ha señalado que el detonante definitivo para impulsar la prohibición de redes sociales a menores de 16 años y una ley que responsabilice a directivos por discursos de odio fue la generación por parte de Grok de imágenes sexuales no consentidas de menores.
Las repercusiones de este pulso aún están por verse. En el plano interno, la UE se enfrenta al reto de coordinar las iniciativas nacionales para evitar una fragmentación normativa que complique el mercado digital único. En el plano externo, el endurecimiento regulatorio podría tensar aún más la relación transatlántica en un momento delicado, marcado por disputas comerciales y desacuerdos estratégicos.
Lo que está claro es que el debate ya no se limita a la moderación de contenidos: se ha convertido en una discusión sobre soberanía digital, protección de menores y equilibrio de poder entre Estados y plataformas globales. Europa parece decidida a asumir el coste político y económico de esa apuesta. La pregunta es hasta dónde estará dispuesta a llegar y cómo responderá Washington.
