Tras un 2025 marcado por un intenso calendario legislativo, con iniciativas como el Ómnibus Digital, la aprobación de la Ley de Servicio de Atención a la Clientela o la Ley de Movilidad Sostenible, 2026 se perfila como un punto de inflexión para el ecosistema digital tanto español como europeo. Será el año en el que muchas de las grandes normas aprobadas en los últimos ejercicios entren plenamente en fase de aplicación, poniendo a prueba la capacidad de adaptación de empresas, Administraciones públicas y reguladores.
Según la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital), que ha analizado las prioridades regulatorias a partir de una encuesta entre sus empresas asociadas, este año estará marcado por un delicado equilibrio entre dos fuerzas: la necesidad de reforzar la protección de ciudadanos y consumidores en el entorno digital y la urgencia de preservar la competitividad, la innovación y la escalabilidad del tejido empresarial, especialmente de pymes, scaleups y compañías tecnológicas.
Inteligencia artificial: entre la oportunidad económica y la complejidad regulatoria
La regulación de la inteligencia artificial será uno de los grandes ejes del debate en 2026. A nivel nacional, el Anteproyecto de Ley de gobernanza de la IA continúa pendiente de aprobación y genera inquietud en el sector por introducir, en determinados aspectos, exigencias más estrictas que las previstas en el Reglamento europeo de IA (AI Act). En paralelo, la aplicación efectiva del propio AI Act en Europa dependerá del desarrollo del código de buenas prácticas en transparencia y de su configuración final tras el despliegue del Ómnibus Digital.
Este contexto normativo llega en un momento de fuerte aceleración tecnológica. Consultoras como Gartner e IDC coinciden en que la IA pasará en 2026 de una fase experimental a una adopción estructural en los procesos de negocio, con un impacto directo en productividad, automatización y toma de decisiones. El reto, advierten, será garantizar seguridad jurídica y claridad regulatoria sin frenar la innovación ni penalizar a las empresas europeas frente a otros mercados.
El Ómnibus Digital se concibe como una oportunidad para aliviar la creciente presión regulatoria sobre el ecosistema digital.
Ómnibus Digital y datos: simplificar para no perder competitividad
Precisamente, el Ómnibus Digital se concibe como una oportunidad para aliviar la creciente presión regulatoria sobre el ecosistema digital. Su objetivo es simplificar obligaciones, reducir cargas administrativas y reforzar la seguridad jurídica, con un impacto especialmente relevante para pymes y scaleups, que suelen contar con menos recursos para afrontar procesos complejos de cumplimiento normativo.
La iniciativa se articula en torno a dos grandes ámbitos. Por un lado, busca facilitar la implementación del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), aportando claridad operativa y evitando interpretaciones divergentes que puedan generar inseguridad jurídica o frenar la adopción de esta tecnología. Por otro, plantea una actualización del marco normativo en materia de datos, privacidad y ciberseguridad, con el foco en la coherencia regulatoria y la proporcionalidad de las obligaciones.
Este enfoque resulta clave en un contexto en el que, según McKinsey, la complejidad regulatoria se ha convertido en uno de los principales frenos a la inversión tecnológica en Europa. La capacidad de armonizar normas, reducir solapamientos entre legislaciones nacionales y comunitarias y ofrecer un marco estable y predecible será determinante para que las empresas puedan escalar soluciones digitales de forma eficiente, competir a nivel global y maximizar el retorno de sus inversiones en innovación.
Ciberseguridad: NIS2 e identidad digital
Otro de los grandes retos para 2026 será la transposición y aplicación de la Directiva NIS2. Esta normativa amplía de forma significativa el ámbito de la anterior NIS1, incorporando a nuevos sectores y proveedores de servicios digitales, e introduce obligaciones reforzadas en gestión de riesgos, gobernanza y notificación de incidentes.
Firmas como Gartner subrayan que la ciberseguridad ha pasado de ser una cuestión técnica a un riesgo estratégico de negocio, con impacto directo en la continuidad operativa, la reputación y la responsabilidad de los equipos directivos. La armonización de requisitos mínimos entre Estados miembros y el refuerzo de la cooperación europea serán claves para afrontar un entorno de amenazas cada vez más sofisticado.
En el ámbito de la identidad digital, eIDAS 2 marcará otro hito relevante. El reglamento, aprobado en 2024, introduce la European Digital Identity Wallet, que permitirá a ciudadanos y empresas disponer de una identidad digital segura y reconocida en toda la UE. Los Estados miembros deberán tener listas sus carteras antes de diciembre de 2026, lo que abre importantes oportunidades, y retos, en servicios digitales, fintech, administración y comercio electrónicos.
En este sentido, Adigital sigue de cerca la adaptación en España del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y del Reglamento de Libertad de Medios de Comunicación (EMFA), incluidos en el Proyecto de Ley de Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación. La falta de designación definitiva de la CNMC como autoridad supervisora mantiene en vilo al sector, que reclama una aplicación alineada con la normativa europea para evitar fragmentaciones del mercado único y preservar la seguridad jurídica.
Otro de los grandes retos para 2026 será la transposición y aplicación de la Directiva NIS2
Régimen 28: un marco empresarial para escalar en Europa
La protección de los consumidores será otro de los grandes focos a partir de 2026 con la futura iniciativa de Equidad Digital (Digital Fairness Act), prevista para el cuarto trimestre del año. Esta propuesta busca cubrir lagunas detectadas por la Comisión Europea en ámbitos como el diseño adictivo, los patrones oscuros, la personalización desleal, el marketing de influencers, la fijación de precios o la contratación digital.
En clave empresarial, uno de los expedientes más esperados es el denominado Régimen 28, cuya propuesta está prevista para marzo. Se trata de una iniciativa europea destinada a crear un marco legal único, voluntario y plenamente digital para empresas que operan en varios países de la UE, especialmente startups y scaleups tecnológicas.
Desde el ecosistema emprendedor se subraya la importancia de que este régimen adopte la forma de reglamento, y no de directiva, para garantizar una verdadera armonización. Para plataformas como EsTech, esta iniciativa está estrechamente alineada con las propuestas del Plan Nacional de Escalabilidad y puede convertirse en una palanca clave para impulsar el crecimiento transfronterizo.
