Con el fin de fortalecer el ecosistema de semiconductores en España, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ha abierto una consulta de manifestaciones sobre centros de competencias en semiconductores. Podrán participar en la misma, hasta el 14 de junio, empresas y organizaciones interesadas en concurrir a la fase de preselección a centros de competencia enviando sus propuesta a chipsju@digital.gob.es.
La creación de los centros de competencias, enmarcada en la iniciativa Chips for Europe, pretende fortalecer el ecosistema de semiconductores tanto en nuestro país como en el resto de Europa con el fin de que sean el primer punto de acceso a la hora de proporcionar los conocimientos técnicos y de experimentación en este ámbito, apoyado a las empresas en el desarrollo y mejora de sus capacidades de diseño y competencias. Además de ofrecer servicios técnicos también facilitarán la transferencia de conocimiento y las interacciones entre centros de investigación, centros tecnológicos, universidades, industria e inversores con un objetivo: consolidar un ecosistema de semiconductores en áreas como la fotónica, chips para dispositivos médicos, semiconductores innovadores, chips para automoción, chips cuánticos…
Otras de sus ventajas pasan por facilitar el acceso a plataformas de diseño y a las líneas piloto, su apoyo a los agentes de la cadena de valor en el acceso a la tecnología y desarrollo de semiconductores, así como al nuevo talento, facilitándole el acceso a la formación en competencias tanto en semiconductores como en habilidades de emprendimiento en alta tecnología, fomentando asimismo vocaciones tecnológicas en colectivos infrarrepresentados, por poner algunos ejemplos.
Los centros de competencia seleccionados en la última fase podrán estar constituidos por una organización o consorcio de organizaciones sin ánimo de lucro. Podrá haber uno, varios o ninguno en cada país, pudiendo ser centros plurinacionales. Y tendrán que estar especializados en, al menos, un área de conocimiento. El acceso a los servicios prestados deberá garantizarse abierta y transparentemente.
