Telefónica se prepara para una nueva etapa de transformación estratégica. Así lo ha asegurado a Reuters Marc Murtra, presidente ejecutivo de Telefónica, quien, además, ha explicado que la intención de la operadora es adquirir activos en mercados como Alemania, Reino Unido, España y Brasil, al tiempo que busca liberar recursos mediante la venta de operaciones en países de Latinoamérica.
Murtra ha detallado los primeros pasos de su plan estratégico desde que asumió la presidencia del grupo en enero, subrayando la necesidad de que Europa impulse la consolidación del sector de las telecomunicaciones para no quedarse atrás frente a otras regiones del mundo. “Si Europa quiere autonomía estratégica y tecnología, vamos a necesitar grandes, o titánicos, operadores tecnológicos europeos”, ha afirmado Murtra. “No quiero ser excesivamente dramático, pero imaginemos una Europa en la que los sistemas satelitales, los hiperescalares y la inteligencia artificial estén en manos de “tech bros”… y eso podría ocurrir”.
Murtra, además, considera que la excesiva fragmentación del mercado europeo frena el desarrollo del sector. En 2024, Europa contaba con 41 operadores móviles con más de 500.000 clientes, frente a solo cinco en Estados Unidos, cuatro en China y Japón, y tres en Corea del Sur, según datos de Connect Europe.
A pesar del deseo de crecer en escala, ha dejado claro que Telefónica mantendrá su calificación crediticia de grado de inversión, lo que obliga al grupo a gestionar sus activos y pasivos. En este sentido, la compañía ya ha acordado la venta de sus filiales en Argentina y Uruguay, y trabaja con asesores en la posible desinversión en Chile, México y Ecuador, según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por Reuters.
Estas operaciones podrían generar hasta 3.600 millones de euros, que Telefónica destinaría a nuevas adquisiciones, según estimaciones de analistas de Kepler.
Murtra ha defendido que las operadoras europeas deben poder expandirse y consolidarse, a cambio de comprometerse a invertir en sectores estratégicos como la ciberseguridad o los centros de datos, en lo que ha denominado un “contrato social” entre las autoridades y las empresas tecnológicas.
