El Gobierno quiere situar la soberanía digital en el centro de su política económica. Esa es la lectura que deja la aprobación, esta semana en el Consejo de Ministros, de la “Hoja de Ruta para acelerar la Soberanía Digital”, impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Más que presentar medidas nuevas, el documento reorganiza políticas ya activas y las integra en una estrategia explícita de soberanía digital. El contexto explica el movimiento: la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, el endurecimiento regulatorio europeo y la dependencia de infraestructuras y proveedores extranjeros han convertido la tecnología en un asunto de poder económico.
La hoja de ruta se apoya, en gran medida, en inversiones ya comprometidas (muchas financiadas con fondos europeos), pero cambia el marco interpretativo. La digitalización deja de plantearse únicamente como una herramienta de modernización administrativa o mejora de la competitividad y pasa a definirse también en términos de autonomía, resiliencia y posicionamiento industrial. En otras palabras, el Gobierno intenta trasladar el debate desde cuánto se digitaliza la economía a quién controla las infraestructuras, los datos y las capacidades industriales que sostienen esa digitalización.
“Esta hoja de ruta no es un plan a futuro, es una sistematización de todo lo que está haciendo este Gobierno”, ha asegurado Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, tras el Consejo de Ministros. Según el Ejecutivo, el documento, que será compartido con la Comisión Europea, se alinea con el giro estratégico de Bruselas hacia una mayor autonomía tecnológica, tras años de dependencia de infraestructuras, plataformas y semiconductores de terceros países.
La hoja de ruta se apoya, en gran medida, en inversiones ya comprometidas pero cambia el marco interpretativo
De la digitalización a la soberanía
El concepto de “soberanía digital” ha ganado peso en la agenda europea desde la pandemia y, más recientemente, tras la guerra en Ucrania y la escalada de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Para la UE, significa garantizar capacidad propia en infraestructuras críticas, datos, nube, inteligencia artificial, pagos digitales y microelectrónica.
En España, la hoja de ruta se basa en tres grandes ejes: infraestructuras públicas digitales, tecnologías estratégicas e industria tecnológica nacional. El documento propone reforzar y conectar la infraestructura pública digital española con la europea, citando herramientas como Cl@ve, el DNI electrónico o la Nube SARA. El objetivo es avanzar hacia una arquitectura interoperable que reduzca dependencias de proveedores extracomunitarios y fortalezca la capacidad de gestión de datos dentro del espacio europeo.
A priori, este movimiento responde a una tendencia clara. Según estimaciones recientes de consultoras como Gartner e IDC, más del 70 % de las cargas de trabajo en la nube en Europa siguen dependiendo de proveedores estadounidenses, lo que ha reavivado el debate sobre la autonomía estratégica en servicios cloud y datos sensibles.
Código abierto e IA en español
Uno de los pilares del plan es el impulso al software de código abierto en la Administración y el desarrollo de capacidades propias en inteligencia artificial. En este marco se inscribe ALIA, la familia de modelos de lenguaje entrenada en español y lenguas cooficiales. Estos modelos permiten procesar y generar texto de manera automática, adaptándose a matices lingüísticos y culturales propios de España. Además, ALIA facilita el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial alineadas con la normativa europea sobre protección de datos y ética tecnológica, impulsando un ecosistema local de desarrollo y experimentación en IA.
La apuesta tiene implicaciones más allá del sector público. La carrera por los modelos fundacionales está concentrada en gigantes tecnológicos estadounidenses y chinos. Contar con modelos propios, aunque no compitan en escala con los grandes sistemas comerciales, permite adaptar la IA a contextos regulatorios europeos, garantizar trazabilidad de datos y fomentar un ecosistema local de desarrolladores.
Consultoras como McKinsey estiman que la IA generativa podría aportar hasta 1,2 billones de euros adicionales al PIB europeo en la próxima década, aunque ese impacto dependerá de la capacidad de los Estados para desarrollar talento, infraestructuras de cómputo y marcos regulatorios que favorezcan la adopción.
Uno de los pilares del plan es el impulso al software de código abierto en la Administración y el desarrollo de capacidades propias en inteligencia artificial
Pagos europeos y autonomía financiera
La hoja de ruta también respalda la creación de un sistema europeo de pagos transfronterizo, interoperable y seguro, en línea con la Alianza EuroPA, que integra soluciones como Bizum, MBWay y Bancomat. La iniciativa busca facilitar transacciones rápidas y eficientes dentro de la Unión Europea, al tiempo que fortalece la independencia frente a redes extranjeras que dominan el mercado global, como Visa o Mastercard.
La dependencia de estas plataformas ha generado preocupación en el Banco Central Europeo, que advierte sobre la vulnerabilidad del bloque ante interrupciones, sanciones o tensiones geopolíticas. En muchos países europeos, los esquemas nacionales han desaparecido o son marginales, dejando a la región expuesta y reforzando la necesidad de infraestructuras de pago más autónomas. Además, según estudios recientes del BCE, la creación de sistemas paneuropeos podría reducir entre un 20 % y un 30 % los costes de las transacciones transfronterizas y facilitar la adopción de nuevas tecnologías, como pagos instantáneos, billeteras digitales y monedas digitales del banco central (CBDC).
Semiconductores, cuántica y espacio: la carrera industrial
El documento subraya la importancia de mantener el ritmo inversor en tecnologías críticas como los semiconductores, la computación cuántica y la industria satelital, áreas decisivas para la competitividad tecnológica y la autonomía estratégica de España. Se mencionan colaboraciones y proyectos vinculados a organizaciones como imec, Nu Quantum y Sateliot, que muestran cómo la industria española se integra en redes europeas e internacionales de innovación.
El contexto europeo es esencial: el European Chips Act moviliza más de 43.000 millones de euros para reforzar la producción de microchips en el continente, reduciendo la dependencia de Asia y Estados Unidos. España aspira a posicionarse no solo como consumidor, sino como nodo industrial y de I+D, con inversiones que incluyen fábricas, centros de diseño y laboratorios de investigación avanzada.
En paralelo, la computación cuántica y las comunicaciones seguras se perfilan como tecnologías de doble uso (civil y militar) en las que la autonomía será vital en los próximos 10 a 15 años. Expertos en ciberseguridad y defensa tecnológica coinciden en que dominar estas capacidades permitirá a España y a Europa controlar datos estratégicos, proteger infraestructuras críticas y competir en mercados emergentes de alto valor, desde sensores cuánticos hasta satélites de comunicaciones seguras.
El Gobierno también pone el foco en la oportunidad de liderar una regulación europea sobre centros de datos sostenibles
Centros de datos y gigafactorías de IA
El Gobierno también pone el foco en la oportunidad de liderar una regulación europea sobre centros de datos sostenibles. España cuenta con ventajas competitivas: abundancia de energías renovables, buena conectividad internacional y suelo disponible para grandes instalaciones. Según datos de CBRE y Cushman & Wakefield, Madrid y Aragón se han consolidado como polos emergentes de data centers en Europa.
Sin embargo, el auge de las “gigafactorías” de IA (grandes centros de entrenamiento y operación de modelos) plantea un dilema: cómo compatibilizar el crecimiento del sector con los objetivos climáticos y la presión sobre redes eléctricas y recursos hídricos. El Ministerio sostiene que el país cuenta con empresas punteras en construcción, telecomunicaciones y sistemas de refrigeración, lo que podría permitir capturar más valor añadido en esta nueva ola inversora.
Más allá del listado de iniciativas, la hoja de ruta plantea una cuestión de fondo: ¿puede España pasar de ser principalmente receptora de tecnología a convertirse en un actor relevante en su diseño y gobernanza? El despliegue de los fondos europeos Next Generation ha sido el principal motor financiero de la digitalización en los últimos años, y la continuidad anunciada a través del fondo “España Crece” busca evitar un frenazo inversor cuando se agoten esos recursos.
Para los analistas, el éxito dependerá de varios factores: coordinación público-privada, simplificación regulatoria, formación de talento digital y capacidad de atraer inversión extranjera sin perder control estratégico. La pregunta ahora es si España logrará traducir esta hoja de ruta en una posición líder dentro del nuevo tablero tecnológico europeo.
