Agentes de la Policía Nacional ha detenido a 23 personas por el uso y explotación ilegal de licencias de software de Microsoft en los equipos de informáticos de locutorios y cibercafés, en el transcurso de una operación policial en la que se han inspeccionado negocios en las ciudades de Málaga, Almería, Burgos, Vigo y Talavera de la Reina. Además de los arrestados, han sido imputadas otras 22 personas y se han practicado otras dos detenciones por atentar contra los Derechos de los Trabajadores, al encontrarse en situación irregular y sin un contrato de trabajo ajustado a Derecho.
La investigación policial se inició a raíz de varias denuncias formuladas por Microsoft contra diversos locutorios y cibercafés por utilizar software ilegal en estos locales comerciales. La operación se inició en octubre de 2010 con la visita de peritos y detectives privados a los locutorios y cibers de las provincias de Almería, Málaga, Pontevedra, Toledo y Burgos. Una vez realizada la visita a más de 600 cibers y locutorios, Sogelise, empresa encargada de gestionar y verificar el correcto licenciamiento de los programas de Microsoft en máquinas de alquiler, procedió a comunicar a los locales en situación ilegal mediante cartas requerimientos, en dos y hasta en tres ocasiones, que estaban cometiendo un delito e instándoles a legalizar el software. Los locutorios y cibers intervenidos hicieron caso omiso y fueron denunciados por un delito contra la Propiedad Intelectual previsto y penado por el Código Penal.
El dispositivo policial se centró en la inspección de 45 establecimientos situados en las ciudades de Málaga, Almería, Burgos, Vigo y Talavera de la Reina. Mediante programas de análisis informático, los agentes detectaron “in situ” la actividad ilegal de los locales, con el fin de no obstaculizar la actividad comercial de carácter legal. Los agentes constataron que ninguno de los establecimientos inspeccionados tenía las licencias de software en regla.
Además de la detención de 23 personas y la imputación de otras 22, en los registros practicados se han intervenido los discos duros de 376 ordenadores destinados al uso público previo pago. La investigación ha sido coordinada por la Comisaría General de Policía Judicial y han participado agentes pertenecientes a las Comisarías Provinciales de Málaga, Almería, Burgos y Toledo, y las Comisarías locales de Talavera de la Reina y Vigo.
El uso de software ilegal, además de los perjuicios ocasionados a los legítimos titulares de los derechos, supone una clara desventaja competitiva para otros establecimientos comerciales que cumplen con los requisitos legales.
La piratería del software no solo perjudica a la industria y a los consumidores, sino a la economía en general, repercutiendo directamente la creación de puestos de trabajo. En España, según la BSA reducir la piratería de software en usuario final en 10 puntos en los próximos 4 años, contribuiría a generar cerca de 2.200 nuevos empleos de alta cualificación e incrementaría en 2.000 millones de Euros nuestro PIB. Asimismo, se obtendrían 375 millones de Euros en concepto de ingresos fiscales hasta 2013. Estos datos hablan por si mismos, la piratería del software es un delito que nos perjudica a todos. Y como delito debe ser perseguido.
En España existen actualmente unos más de 25.000 locutorios y cibercafés, la mayoría de ellos, unos 20.000, están en una situación ilegal tanto administrativa, como en el uso del software que realquilan a sus clientes.
Los cibers tienen, de media, unos 10 Pc´s y un servidor y se estima que el 60% aproximadamente usan software ilegal. En cuanto los Locutorios, la cifra es aún más elevada, teniendo en cuenta que la media de Pc´s por locutorio es 3 y el 80% tiene instalado software ilegal. En total, cerca de 70.000 Pc´s ilegales en todo el país.
“El uso comercial de software ilegal no es un delito sin víctimas. Microsoft colabora, siempre que es requerida, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger a los clientes frente al software ilegal. Las acciones legales que emprendemos están siempre dirigidas, además de a proteger la Propiedad Intelectual, a proteger a los clientes y empresas honestas. Este tipo de prácticas ilegales, además suponen una competencia desleal para aquellas empresas que hacen las cosas bien y son legales. Asimismo repercute muy negativamente en la creación de puestos de trabajo”, señala Luis Martín, director de Windows para empresas de Microsoft Ibérica.
