El Gobierno ha aprovechado su plan anticrisis para introducir una reforma del sistema de acceso a la red eléctrica que afectará directamente al desarrollo de los centros de datos en España, un sector en plena expansión pero que el Ejecutivo no considera prioritario frente a otros usos energéticos. La medida llega en un momento de crecimiento de la demanda, impulsado por regiones como la Comunidad de Madrid y Aragón, que han apostado por atraer inversiones tecnológicas.
En los últimos años, el sector de los centros de datos en España ha crecido hasta convertirse en uno de los pilares de la transformación digital. Según el último informe de Spain DC, éste genera un impacto económico de 73.707 millones de euros, lo que equivale al 2,49 % del Producto Interior Bruto (PIB) español. De esta cifra, 4.245 millones corresponden al impacto directo, 26.208 millones al indirecto y 42.853 millones al inducido, además genera 482.401 empleos (el 2,33 % del total). Sin embargo, su crecimiento se enfrenta a un cuello de botella crítico: la saturación de la red eléctrica, que alcanza el 83,4 %, ha provocado ya la pérdida de inversiones por valor de hasta 60.000 millones de euros y pone en riesgo un potencial inversor estimado en 58.000 millones hasta 2030.
En este contexto, y según publica El Mundo, la reforma del Gobierno cambia el modelo de acceso a la red. El Ejecutivo creará un Comité de Proyectos Estratégicos que decidirá qué iniciativas tendrán prioridad, relegando a los centros de datos a un segundo plano: primero se atenderán las conexiones residenciales y servicios esenciales, después los proyectos considerados estratégicos y, en tercer lugar, la industria ya existente. Solo la capacidad sobrante se asignará al resto de proyectos. Este nuevo sistema sustituye al anterior modelo de “primero en llegar, primero en ser atendido” y otorga al Gobierno un mayor control sobre el desarrollo del sector.
La reforma también busca frenar el uso especulativo de la red, una práctica que el Gobierno considera extendida en ámbitos de alta demanda energética como el de los centros de datos. Para ello, introduce una “amnistía” de tres meses que permitirá a los promotores renunciar a sus permisos sin perder los avales, con el objetivo de liberar capacidad bloqueada por proyectos inviables. Además, se establece una prestación por reserva de capacidad de conexión, con un coste creciente en el tiempo, que sustituye al modelo anterior en el que reservar acceso era gratuito. Con ello, el Ejecutivo pretende incentivar que los proyectos se ejecuten con mayor rapidez y evitar la acumulación de permisos sin desarrollo real.
El impacto de estas medidas será especialmente relevante en los principales polos del sector. La Comunidad de Madrid se ha consolidado como el mayor hub de centros de datos de España, concentrando más del 50 % de la capacidad instalada y alrededor del 55 % de la potencia nacional, con previsiones de inversión de 23.400 millones de euros hasta 2028. Por su parte, Aragón se posiciona como el gran emergente, con 54.700 millones de euros captados (44.300 millones vinculados a grandes proyectos tecnológicos impulsados por compañías como Amazon, Microsoft y Blackstone) y un impacto potencial de hasta el 16,8 % de su PIB en la próxima década. A esto se suma el plan anunciado por Amazon durante el Mobile World Congress 2026, que prevé 33.700 millones de euros adicionales para ampliar su infraestructura de centros de datos, elevar la capacidad de computación en la nube e impulsar la inteligencia artificial en Europa.
Por último, el Ministerio para la Transición Ecológica reforzará la supervisión del sistema mediante informes semestrales que detallarán el estado y la tipología de los permisos de conexión. Con ello, el Ejecutivo busca identificar patrones especulativos y conocer con mayor precisión el peso real de sectores como el de los centros de datos, en un momento en el que la capacidad de la red se ha convertido en un factor determinante para el desarrollo de la economía digital.
