El Consejo de ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que será remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria. La norma adapta al ordenamiento jurídico español el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial, en vigor desde agosto de 2024, y establece un marco de supervisión destinado a garantizar un desarrollo y uso responsable de esta tecnología.
La nueva ley nace con una doble ambición: reforzar la confianza en los sistemas de inteligencia artificial y consolidar el posicionamiento de España como uno de los países de referencia en el desarrollo y regulación de esta tecnología. Durante la presentación de la iniciativa, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió que la norma demuestra que innovación y regulación no son conceptos incompatibles, sino elementos complementarios para impulsar un ecosistema tecnológico sólido y seguro.
Según el ministro, España combina un papel destacado en la adopción y desarrollo de la inteligencia artificial con una apuesta decidida por la creación de marcos regulatorios que garanticen la protección de los derechos fundamentales. En este contexto destacó activos estratégicos como la existencia de dos fábricas de IA impulsadas por la Unión Europea, el proyecto de una gigafactoría, el desarrollo del modelo de inteligencia artificial en español ALIA y la presencia de empresas tecnológicas especializadas en este ámbito.
La futura ley incorpora obligaciones orientadas a reforzar la seguridad de los entornos digitales. Entre ellas, exige responsabilidades a quienes utilicen sistemas de IA prohibidos por la Unión Europea, impone supervisión humana en aquellos casos que puedan afectar a derechos fundamentales, promueve la transparencia algorítmica y establece medidas específicas de protección para menores.
Marco de gobernanza
Uno de los pilares de la norma es la creación de un marco de gobernanza que define las autoridades responsables de supervisar el cumplimiento del Reglamento europeo de IA. Los productos ya sujetos a regulaciones sectoriales mantendrán sus actuales organismos de control.
Para los sistemas de inteligencia artificial no vinculados a legislación específica de producto, especialmente aquellos relacionados con ámbitos como el empleo, la biometría o la educación, la supervisión recaerá principalmente en la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), junto con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según las competencias de cada organismo.
La ley también impulsa mecanismos de coordinación institucional y establece a la AESIA como punto único de contacto para cuestiones relacionadas con la supervisión de la inteligencia artificial.
Nuevas prohibiciones
La norma se enmarca en el Reglamento europeo de IA, que clasifica los sistemas en función del riesgo que representan para las personas y prohíbe aquellos considerados inaceptables para la seguridad o los derechos fundamentales. En este contexto España ha impulsado recientemente la incorporación de nuevas prohibiciones en el ámbito comunitario. Entre ellas, la prohibición de comercializar, desplegar o utilizar sistemas capaces de generar deepfakes sexuales. A estos se suman otros usos ya vetados por la normativa europea como los sistemas que emplean técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento, aquellos que explotan vulnerabilidades relacionadas con la edad, discapacidad o situación socioeconómica, las herramientas que clasifican a las personas mediante biometría para inferir características sensibles como orientación política o sexual, o los sistemas de puntuación social utilizados para discriminar en el acceso a ayudas, subvenciones o financiación.
El proyecto de ley incorpora un régimen sancionador específico basado en criterios de proporcionalidad y eficacia. Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves, con multas que podrán alcanzar hasta los 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio en los casos más graves. Para las infracciones de menor entidad, las sanciones podrán llegar hasta los 500.000 euros o el 0,5% del volumen de negocio.
El texto contempla además mecanismos que priorizan la corrección de las conductas antes que la penalización, incluyendo reducciones por pronto pago o por la adopción de medidas correctoras. Asimismo, incorpora criterios específicos para tener en cuenta el tamaño de las empresas y evitar impactos desproporcionados sobre pymes y startups.
Transparencia y adopción responsable en el sector público
Más allá de la adaptación del Reglamento europeo, la ley introduce medidas específicas para fomentar el uso responsable de la inteligencia artificial en la Administración General del Estado. Entre las principales novedades figura la creación de un inventario de sistemas de IA empleados en procedimientos administrativos, con el objetivo de reforzar la transparencia sobre las herramientas utilizadas por las administraciones públicas.
La norma también prevé la creación de la figura del delegado de inteligencia artificial, responsable de coordinar la aplicación de la normativa y asesorar en proyectos tecnológicos y procesos de contratación pública. A ello se suma el impulso de programas de formación y concienciación dirigidos a empleados públicos.
Entornos de pruebas para impulsar la innovación
El proyecto regula además los denominados sandboxes o espacios controlados de pruebas, concebidos para facilitar el desarrollo de soluciones innovadoras en un entorno supervisado.
La AESIA será la encargada de operar el espacio nacional de pruebas exigido por el Reglamento europeo, aunque la ley abre la puerta a la creación de otros entornos sectoriales promovidos por las distintas autoridades de vigilancia y supervisión.
