Ha sido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el que ha anunciado que el Gobierno ha dado luz verde a la adquisición del 9,97 % de Telefónica por parte del grupo saudí STC.
“Esta autorización ha sido precedida de un análisis exhaustivo por parte de las autoridades españolas en base no solo al cumplimiento de nuestra legislación vigente, sino también a elementos tan importantes como asegurar el interés nacional en materia de defensa” y garantizar la preservación de un activo estratégico nacional como las infraestructuras de telecomunicaciones, “y la importancia de Telefónica en este ámbito”, ha asegurado Carlos Cuerpo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
En este sentido, el ministro de Economía ha remarcado que “se han puesto sobre la mesa y se han establecido medidas o condiciones que han sido aceptadas de manera voluntaria por la empresa saudí” y que precisamente buscan garantizar que la operación “se lleve a cabo de manera que se asegure la autonomía operativa de Telefónica y la protección de las infraestructuras críticas”.
Cuerpo ha finalizado su intervención sobre esta operación destacando el convencimiento del Gobierno sobre la situación de Telefónica, destacando que la operadora española está en “un momento óptimo” para consolidar su posición de liderazgo en el sector de las telecomunicaciones, remarcando “las alianzas estratégicas” de la firma para “ser capaz de crecer en volumen”, en “adopción de las últimas tecnologías” y en “mejora de oportunidades en un ámbito geográfico tan importante como es Oriente Medio”.
Esta adquisición marca un hito en el sector de las telecomunicaciones en España. Tras un proceso que ha durado un año y tres meses, la compañía saudí se convierte en uno de los principales accionistas de la operadora española.
Motivada por el interés de STC en expandir su presencia en el mercado europeo y aprovechar las sinergias entre ambas compañías, la operación podría tener importantes implicaciones para el futuro de la operadora española al plantear interrogantes sobre el posible impacto en la autonomía estratégica de Telefónica y en las condiciones laborales de sus empleados.
