Las Administraciones Públicas, tanto en España como en otros países de nuestro entorno, son cada vez más conscientes de que la ciberseguridad es una “infraestructura crítica”, imprescindible para el funcionamiento de cualquier sociedad. Recientemente, el gobierno español ha aprobado el “Plan de choque de ciberseguridad” con el objetivo de mejorar las capacidades de defensa ante ciberataques, la actualización del Esquema Nacional de Seguridad y acelerar el despliegue del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración. No es gratuito que este Plan se enmarque dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, puesto en marcha también por este gobierno.
Esta apuesta por la seguridad y otros proyectos relacionados con las TIC ha sido durante mucho tiempo un desafío en el sector público. Dentro de las prioridades de inversión de cualquier ejecutivo, muchas veces, ya sea por necesidades de urgencia o por cuestiones de rentabilidad electoral a corto plazo, las destinadas a reforzar la ciberseguridad del Estado no ha ocupado una posición demasiado prioritaria.
Esto está cambiando. Los avances en las aplicaciones y servicios basados en la nube, la proliferación del IoT y otros dispositivos conectados, y el inicio de la pandemia y el trabajo remoto han incrementado la importancia de la seguridad. De repente, cientos o incluso miles de dispositivos se estaban conectando a la red, muchos de ellos desde fuera de la propia red y su conjunto centralizado de herramientas de seguridad, revelando nuevas vías de vulnerabilidad que los ciberdelincuentes podrían explotar.
Además, los datos con los que trabajan estos dispositivos son cada vez más importantes y valiosos. Desde cámaras que recopilan datos de tráfico hasta hospitales que registran electrónicamente los datos de los pacientes y los sistemas de educación a distancia que protegen los datos de los estudiantes, las diferentes administraciones (Central, Autonómica y Local) recopilan, transmiten, almacenan y analizan grandes cantidades de información personal de cada ciudadano.
7DNS como vector de ciberataques
En los últimos años, los esfuerzos de las diferentes administraciones públicas en digitalización han sido enormes. Todas ellas ofrecen hoy día un enorme catálogo de servicios on-line, desde la posibilidad de realizar la declaración de la renta a través de la plataforma de la Agencia Tributaria, hasta solicitar un certificado de empadronamiento on-line en cualquier municipio de España. Esto quiere decir que el tráfico web hacia servidores de la administración ha crecido a tasas exponenciales, y con ello los riesgos asociados a dicho tráfico, y en particular, a la posibilidad de usar vulnerabilidades en la gestión de DNS para atacar sistemas.
Y como hemos mencionado, los riesgos son elevados. Si para una organización privada el peligro y el coste de una exfiltración de datos es enorme, podemos imaginar lo que esto supone para una administración pública que gestiona los datos personales de millones de ciudadanos.
Por tanto, en los entornos de TI actuales, centrados en los datos, la seguridad ya no puede ser la «guarnición» de las redes tradicionales. Debe ser visto como el “plato principal”, algo que cubre todo en las arquitecturas fundamentales de la red y una parte integral de cualquier proyecto. Lo que está en juego es demasiado importante. Proteger y controlar el tráfico DNS es un elemento crítico a la hora de conseguir una postura global de seguridad robusta por parte de cualquier administración pública.
José Canelada
Director de ingeniería de EMEA de Infoblox
