La Comisión Europea ha decidido llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber implementado de forma efectiva la Ley de Servicios Digitales (DSA). En un comunicado, el organismo asegura que, a pesar de haber designado a un Coordinador Nacional de Servicios Digitales (DSC), España no ha otorgado a este organismo las competencias necesarias para supervisar y aplicar el reglamento europeo ni ha establecido un régimen de sanciones para las infracciones.
La DSA, en vigor desde febrero de 2024, establece que los Estados miembros deben designar y capacitar a un DSC con funciones específicas de control y aplicación de la normativa en sus respectivos territorios. Esta figura es clave para garantizar la protección de los usuarios frente a contenidos ilícitos y la supervisión eficaz de las grandes plataformas digitales. La falta de empoderamiento del coordinador designado por España, junto con la ausencia de una legislación sancionadora, ha motivado la decisión de Bruselas de elevar el caso al TJUE.
Además de España, otros cuatro países (República Checa, Chipre, Polonia y Portugal) también han sido referidos al tribunal por motivos similares, en una acción que busca reforzar la aplicación uniforme del reglamento en toda la Unión.
Por otra parte, la Comisión ha enviado un dictamen motivado a España y a otros 18 Estados miembros por no haber notificado la transposición completa de la Directiva NIS2 sobre ciberseguridad, cuyo plazo expiró el 17 de octubre de 2024. Esta directiva busca reforzar la ciberresiliencia en sectores críticos como las telecomunicaciones, la salud, el transporte o la energía. Los países afectados tienen ahora dos meses para corregir los incumplimientos antes de que la Comisión pueda iniciar un nuevo proceso ante el Tribunal.
