La obligatoriedad del uso de la Factura Electrónica será una de los elementos claves de Reforma de las Administraciones Públicas impulsada por el Gobierno. El proyecto contempla 217 medidas de reforma y 127 propuestas para acabar con las duplicidades de funciones entre los tres niveles de la Administración (central, autonómica y local). La Reforma del Sector Público establece una nueva cultura de la gestión pública en España que corregirá ineficiencias y duplicidades, un nuevo escenario donde la administración electrónica tendrá un protagonismo clave para llevar adelante esta iniciativa con éxito.
La introducción de la factura electrónica en las organizaciones supone una mejora en la eficiencia en la gestión administrativa y contable, posibilitando ahorros de costes tanto de los emisores como de los receptores de facturas electrónicas, alcanzándose los mayores beneficios cuando se produce la integración automatizada del proceso de facturación electrónica en los sistemas de gestión de las organizaciones. Tal como señaló Mariano Rajoy al hablar de ahorro, el coste de una notificación postal es de 2.55 euros y el de una notificación electrónica de 0.19 euros.
, durante el primer semestre de 2012 las empresas españolas procesaron más de 56 millones de facturas electrónicas, frente a los 12 millones tramitados en 2009. “En este periodo -señala Redondo- trabajaron con factura electrónica un total de 107.000 empresas, frente a las 46.000 que lo hicieron en 2009”. El informe confirma un crecimiento sostenido del uso de la factura electrónica en España en un mercado impulsado por las grandes empresas, especialmente en los sectores de gran distribución y la automoción.
Según las estimaciones del gobierno, se prevé el uso generalizado de la Factura Electrónica en la Administración General del Estado a partir de 2014. Se extenderá en 2015 a los sectores más relevantes del mercado: Utilities, Banca, Seguros, etc., ya partir de 2016 será obligatoria en los ayuntamientos. En Europa está previsto que antes de 2020 la utilicen más del 80% de las empresas.
Retraso
Ley 30/2007, de 30 de octubre establecía la obligatoriedad de usar estos documentos, a partir del 1 de noviembre de 2010 en todos los contratos con el sector público, si bien su entrada en vigor se ha ido demorando. El Consejo de Ministros aprobó el 19 de agosto de 2011 un plan para la implantación y el empleo de la factura electrónica apoyando su difusión en el ámbito público y privado y creando un Foro Nacional Multilateral sobre facturación electrónica. Unas medidas que suponen un punto de no retorno en el desarrollo de la eFactura.
El plan encomendaba al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las competencias estatales en materia de difusión del uso de la factura electrónica en España en el sector privado, en particular, en las pymes.Por su parte, le correspondía El Ministerio de Política Territorial y Administración Pública ejercer las competencias en materia de difusión del uso de la factura electrónica en la Administración General del Estado. Asimismo, en el marco de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se creaba la Comisión Técnica para la difusión del uso de la factura electrónica, de carácter consultivo, con el objetivo de asistir a los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Política Territorial y Administración Pública en el desarrollo de las competencias antes señaladas. Finalmente, el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, a través de la Secretaría de Estado para la Función Pública, debía liderar la definición y desarrollo en 2011 de un servicio central de gestión de la facturación electrónica, que incluía un «Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas», para el ámbito de los órganos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y agencias estatales definidas en la Ley 28/2006, de 18 de julio. Este servicio de gestión debía ser el medio único para la recepción y distribución de facturas electrónicas, y podrá proporcionar funciones de almacenamiento y custodia de las facturas electrónicas.
