A pesar de que la Unión Europea avanza a buen ritmo en la digitalización de sus servicios públicos, la Comisión Europea ha lanzado una advertencia; el preocupante retraso en la producción de semiconductores y la falta de especialistas informáticos están frenando la autonomía del bloque. El Ejecutivo comunitario señala en su cuarto informe sobre el Estado de la Década Digital que estos dos factores son los principales obstáculos para lograr los objetivos fijados para 2030, haciendo urgente imprimir mayor velocidad a las reformas para no perder el tren tecnológico global.
Este diagnóstico coincide con una encuesta del Eurobarómetro que refleja un respaldo masivo de la ciudadanía a la agenda digital. El 79 % de los europeos considera que esta política debe ser una prioridad para el futuro del bloque y apoya una mayor autonomía tecnológica. La Comisión subraya que los ciudadanos respaldan firmemente un futuro digital más soberano, lo que refuerza la hoja de ruta estratégica de la Unión Europea para blindar su competitividad.
En cuanto a la conectividad, el informe aporta datos optimistas, señalando que el 96,8 % de los hogares europeos ya cuenta con cobertura de redes 5G básicas. También crece la adopción tecnológica en el tejido empresarial, donde el 46,7 % de las compañías utiliza servicios en la nube, el 39,9 % aplica analítica de datos y cerca del 20 % emplea inteligencia artificial, una cifra que aumentó un 48 % durante el año 2025.
El impacto de la inteligencia artificial ya es tangible en sectores como la sanidad, donde su uso en el diagnóstico por imagen está agilizando la atención y mejorando la detección precoz de enfermedades. Asimismo, la capacitación social avanza de manera favorable, mostrando que más del 60% de los ciudadanos europeos posee ya las habilidades digitales básicas.
Déficits estructurales
Pese a estos avances, Bruselas alerta de importantes déficits estructurales que amenazan los objetivos de la década. En el sector de los semiconductores, la Unión Europea representa solo el 9 % del mercado global, una cifra muy alejada de la meta del 20 % fijada para 2030. Además, persiste la dependencia de proveedores no europeos en ciberseguridad, y las empresas del continente tienen una presencia limitada en el liderazgo global del sector.
Cada euro invertido a través del marco NextGenerationEU generará 1,50 euros en el PIB europeo de aquí a 2030
El déficit de talento es otro de los grandes desafíos, ya que los especialistas en tecnologías de la información representan solo el 5 % del empleo total, justo la mitad del objetivo previsto. Además, las mujeres siguen ocupando menos del 20 % de estos puestos técnicos, un porcentaje estancado a pesar de la altísima demanda en áreas como la nube o el desarrollo de software. Por su parte, las pequeñas y medianas empresas continúan encontrando barreras de recursos y capacitación para integrar estas tecnologías.
Para corregir este rumbo, la Comisión recuerda el potente impacto económico de la digitalización, estimando que cada euro invertido a través del marco NextGenerationEU generará 1,50 euros en el PIB europeo de aquí a 2030. Sin embargo, el informe enciende las alarmas al desvelar que casi la mitad de los fondos previstos en las hojas de ruta nacionales se agotarán en 2026. Ante esto, se vuelve urgente garantizar la continuidad financiera y estrechar la coordinación para evitar la fragmentación del mercado.
Este esfuerzo cuenta con el visto bueno de la sociedad, ya que el 85 % de los ciudadanos apoya invertir en infraestructuras digitales propias y el 82 % aboga por reducir la dependencia de terceros países. El compromiso es tal que el 58 % de los europeos estaría dispuesto a cambiar a un proveedor de la Unión Europea incluso si esto implicara un coste más elevado. Los encuestados identifican la salud digital, las tecnologías verdes, la conectividad y la inteligencia artificial como las áreas con mayor impacto positivo.
Finalmente, este optimismo convive con una creciente preocupación por los riesgos del entorno virtual. El 87 % de la población alerta de que la manipulación digital y la desinformación suponen una amenaza directa para la democracia, mientras que un rotundo 92 % exige una mayor protección para los menores en internet, vinculando el avance tecnológico con la necesidad de un entorno seguro.
