La Unión Europea no logrará alcanzar su objetivo de controlar el 20 % del mercado mundial de microchips para 2030, según un informe del Tribunal de Cuentas Europeo, que advierte de una brecha considerable entre la ambición política y la realidad industrial del continente.
La Ley Europea de Chips, aprobada en 2022 como respuesta a la escasez mundial de semiconductores tras la pandemia de COVID-19, pretendía reforzar la autonomía tecnológica de la UE y asegurar su posición en un sector estratégico. Sin embargo, los auditores señalan que, pese al impulso inicial, las inversiones asociadas a esta ley probablemente no tendrán un impacto sustancial en la cuota de mercado europea.
Annemie Turtelboom, miembro del Tribunal de Cuentas y responsable de la auditoría, considera que «La UE necesita cuanto antes una dosis de realidad», ya que, en su opinión, “el objetivo del 20 % era más una aspiración que un plan realista. Para alcanzarlo, Europa tendría que cuadruplicar su capacidad de producción antes de 2030, y no vamos al ritmo necesario», sentencia.
Según el informe, la Comisión Europea solo gestiona el 5 % del presupuesto estimado para la Ley, unos 4.500 millones de euros del total de 86.000 millones previstos hasta 2030. El grueso de la inversión debe venir de los Estados miembros y del sector privado. En comparación, líderes mundiales del sector, como EE.UU., Corea del Sur y Taiwán, destinaron más de 400.000 millones de euros al desarrollo de microchips entre 2020 y 2023.
Además, la Comisión no cuenta con un mandato para coordinar las inversiones nacionales ni con mecanismos claros de supervisión o evaluación de resultados. Esto, sumado a factores estructurales como la falta de mano de obra cualificada, la dependencia de materias primas externas, el elevado coste energético y la concentración del sector en pocos proyectos clave, pone en entredicho la eficacia del plan. De hecho, las previsiones de la Comisión, publicadas en 2024, prevén que la cuota de la UE en la cadena de valor mundial de microchips apenas crecerá del 9,8 % en 2022 al 11,7 % en 2030, muy lejos del objetivo del 20 %.
Microchips, un reto estratégico y geopolítico
Los microchips son componentes fundamentales en sectores críticos como la automoción, la defensa, las telecomunicaciones o la sanidad. Durante la pandemia, la escasez global paralizó fábricas y disparó la alarma sobre la fragilidad de las cadenas de suministro. En respuesta, la UE lanzó su Estrategia de la Década Digital y la Ley Europea de Chips con el objetivo de reducir su dependencia exterior y garantizar su seguridad tecnológica.
Pese a los avances legislativos, el informe del Tribunal de Cuentas pone de relieve que la elaboración apresurada de la ley, sin evaluación de impacto ni análisis de estrategias previas, ha limitado su capacidad de transformación real. Además, se cuestiona si la normativa atiende adecuadamente la demanda actual de microchips convencionales, más allá de los proyectos de alta gama.
La primera revisión intermedia de la Ley está prevista para septiembre de 2026, cuando la Comisión deberá presentar un informe de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo. Para entonces, la UE tendrá que decidir si persiste en una estrategia de liderazgo global o redefine sus metas a partir de una planificación más realista y coordinada.
