BSA alcanzó en 2012 su récord histórico de registros contra empresas por uso de software ilegal. En el primer semestre de 2012, BSA incrementó un 24 % el número de acciones legales realizadas en España contra empresas por utilización de software sin licencia, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La mayoría de las denuncias que recibe BSA (75%) provienen de ex empleados que deciden actuar contra sus ex empresas alertando sobre la utilización de software ilegal en sus equipos informáticos. Normalmente, tramitan las denuncias a través de la web de BSA, donde rellenando un formulario de forma rápida y sencilla pueden reportar sobre la situación de ilegalidad de la compañía de forma totalmente confidencial.
Según el IX estudio global de piratería de software que realiza cada año la consultora IDC, y que analiza los ratios del mercado de PCs en más de 100 países, entre 2010 y 2011, el índice de software sin licencia en España subió un punto, pasando de un 43 a un 44%. Este dato representa un retroceso, volviendo al nivel de 2003. Además, el valor comercial del software sin licencia instalado en los ordenadores personales en España alcanzó en 2011 una cifra récord de 874 millones de Euros.
España sigue alejándose de los niveles de software ilegal que deben ser su referencia. En 2011, la tasa media de la UE se redujo dos puntos hasta el 33 %, por lo que ahora nuestro país está 11 puntos por encima, una distancia demasiado grande.
Según el último estudio “Los beneficios económicos de reducir la piratería de software” elaborado por Business Software Alliance (BSA) y la consultora IDC, recortar en 10 puntos la tasa de piratería de software que sufre hoy España, podría crear 2.500 nuevos empleos, generar 2.250 millones de euros adicionales para nuestro PIB y 471 millones de euros en impuestos derivados de su comercialización.
Además de generar empleo y beneficios económicos, el mayor uso de software legal fomenta la innovación, la competitividad y la industria local, aumenta la productividad y la posibilidad de invertir en I+D+i, contribuye a contrarrestar la brecha digital y al desarrollo de una verdadera sociedad del conocimiento.
Las empresas que utilizan software sin licencia se exponen a una serie de riesgos muy graves. Si se detecta que una organización está usando software sin licencia, se arriesga a tener que pagar daños y perjuicios por las licencias de software que debería haber adquirido en primera instancia. Además, las compañías también están obligadas a asegurarse de que todo el software está licenciado de forma adecuada de cara al futuro, lo que también puede derivar en significativos gastos adicionales – no planificados. El coste económico para las empresas puede alcanzar cantidades muy significativas, llegando en algunos casos a superar los 2 millones de Euros.
Otra serie de problemas derivados de la utilización de software sin licencia son la pérdida de datos, fallos críticos del sistema o una mayor exposición a ataques de virus informáticos y malware, así como daños a la reputación de la compañía.
Una vez que BSA recibe una denuncia se inicia un proceso de investigación para confirmar que la información recibida es veraz y consistente. Tras verificarse que la información aporta indicios claros de que se está cometiendo una infracción por uso de software ilegal, se presenta ante un juez, quien decide la concesión de una orden de registro sin previo aviso en la empresa denunciada.
Tras realizar el registro, si es necesario se continua con el procedimiento hasta sentencia, pero en la gran mayoría de los casos la pruebas son tan claras que las propias empresas se avienen a llegar a un acuerdo a través del cual pagan la correspondiente indemnización además de comprar el software necesario para poner al día si situación.
