AMETIC se muestra frontalmente en contra de la medida anunciada por el departamento de Cultura de la Generalitat que está estudiando la aplicación de un canon que repercutiría en las operadoras de servicios de conexión, para que se pueda producir cine en Cataluña, según explicó el conseller Ferran Mascarell.
Este canon, denominado de conexión, podría presentarse antes de acabar el año, es rechazado por los operadores de telecomunicaciones de forma unánime y contundente al tratarse de una propuesta unilateralmente planteada a las compañías y sobre la que no ha existido negociación alguna.
Esta medida, de llegar a concretarse, supondría un nuevo esfuerzo para un sector que ya hace frente a una severa presión fiscal con multitud de impuestos y tasas procedentes de distintas administraciones y organismos. No solo estamos hablando de la fiscalidad específica del sector, si no de tasas y tributos que este sector soporta para atender necesidades de terceros. Destacar de entre estas tasas u obligaciones las necesarias para financiar RTVE, 0,9% de los ingresos y 1,5% de los ingresos audiovisuales de los operadores de acceso condicional, impuesta por la Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Español; y el 5% de los ingresos audiovisuales incluidos en la Ley General Audiovisual dedicada a financiar las producciones audiovisuales europea y española, que entendemos viene a cubrir lo que ahora pretende imponer la Generalitat.
Las compañías consideran que todos los esfuerzos deben concentrarse ahora en las importantes inversiones a las que están haciendo frente para desplegar las nuevas redes fijas y móviles de alta capacidad, unas infraestructuras imprescindibles para contribuir a que España forme parte del nuevo ecosistema digital, y para el desarrollo de servicios que puedan prestarse a través de estas redes.
Las empresas de telecomunicaciones que también tienen interés en que la industria de contenidos audiovisuales de este país se desarrolle, se ven afectados por un nuevo impuesto injustificado.
En todo caso, de aprobarse esta medida, teniendo en cuenta la información obtenida hasta la fecha, las empresas afectadas iniciarán acciones legales tendentes a su anulación, lo que harán antes las instancias jurídicas correspondientes, tanto a nivel autonómico como nacional y europeo.
