A pesar de que el 2 de agosto entran en vigor las nuevas obligaciones de transparencia previstas por el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, una parte importante de las grandes compañías españolas sigue sin estar preparada. Así lo señala el estudio “The BusinessTech Consultancy”, realizado por Entelgy entre el 16 de abril y el 12 de mayo de 2026 entre 300 CEO y directivos de empresas españolas de más de 250 empleados que utilizan inteligencia artificial o herramientas digitales. En el mismo se confirma que el 31,7 % de los CEO de grandes empresas reconoce que todavía no ha puesto en marcha medidas para adaptarse a la normativa
La situación resulta especialmente relevante porque, aunque las obligaciones aplicables a los sistemas de IA de alto riesgo, como los utilizados en selección de personal, biometría o evaluación de solvencia, se retrasarán hasta diciembre de 2027, cuando se publique el Digital Ómnibus sobre IA en el Diario Oficial de la Unión Europea, esta prórroga no afecta a las obligaciones de transparencia, que mantienen su entrada en vigor el 2 de agosto. Entre ellas figura, por ejemplo, el contenido sintético para los nuevos sistemas de inteligencia artificial, una exigencia que comenzará a aplicarse sin cambios en el calendario previsto.
Además, el estudio recuerda que existen obligaciones que ya están plenamente vigentes y que muchas organizaciones todavía no cumplen como la alfabetización en IA de las plantillas, obligatoria desde febrero de 2025 para cualquier empresa que utilice sistemas de inteligencia artificial, independientemente de que los desarrolle o no. También permanece en vigor, desde agosto de 2025, el régimen aplicable a los modelos de propósito general, que contempla sanciones de hasta 15 millones de euros o el 3 % de la facturación mundial. Las multas pueden ser todavía mayores en el caso de las prácticas de IA prohibidas por el Reglamento, como el scoring social, la manipulación encubierta o determinados usos biométricos no autorizados, con sanciones que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7 % de la facturación global.
Entre las empresas que ya han comenzado a adaptarse a la normativa, la prioridad ha sido preparar a las personas. El 70,7 % afirma haber formado a sus empleados en el uso responsable de la inteligencia artificial, mientras que el 47,3 % ya dispone de un comité o responsable específico de gobernanza de IA. Un tercio de las compañías (33,7 %) también ha desarrollado políticas internas para regular su utilización.
Entelgy advierte de que el principal obstáculo no es sólo tecnológico, sino de interpretación normativa. Según la consultora, hay falsas creencias en muchos comités de dirección que pueden desembocar en incumplimiento, entre ellas la idea de que es necesario esperar a una normativa española para comenzar a cumplir la ley, cuando el Reglamento Europeo es de aplicación directa y ya está bajo la supervisión de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA). O pensar que las garantías contractuales, ofrecidas por los proveedores de IA, son suficientes para cumplir la normativa, cuando el nivel de riesgo depende realmente del uso que haga la empresa de esos sistemas. Otro error frecuente consiste en interpretar el aplazamiento de las obligaciones para los sistemas de alto riesgo como una pérdida de urgencia.
La consultora insiste en que las organizaciones deben identificar desde ahora qué soluciones pueden entrar en esa categoría y acreditar la formación de las personas que las utilizan. También recuerdan que, desde el 2 de agosto, incluso los asistentes virtuales o chatbots considerados de bajo riesgo deberán informar claramente al usuario de que está interactuando con una inteligencia artificial.
