Omdia considera que la credibilidad de los marcos regulatorios sobre inteligencia artificial dependerá de que los gobiernos establezcan mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento. Así lo recoge en su informe AI Regulation: Analysis of Global Policies and Regulatory Frameworks, acompañado de varios estudios regionales sobre América, Asia y Oceanía, y Europa, en los que analiza la evolución de las políticas de IA a escala global.
“La existencia de mecanismos para abordar los incumplimientos debe ser un elemento crítico de cualquier marco regulatorio sobre IA”, afirma Sarah McBride, analista principal de Regulación de Omdia. Según explica, las sanciones económicas constituyen la medida de aplicación más habitual, aunque algunos países contemplan también la suspensión de servicios e, incluso, penas de prisión en determinados supuestos.
El estudio destaca las diferencias entre los distintos modelos regulatorios. En la Unión Europea, el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) prevé multas de hasta 35 millones de euros o el 7 % de la facturación anual global de una empresa, mientras que la Ley Básica de IA de Corea del Sur establece sanciones de hasta 30 millones de wones (unos 20.000 dólares) por incumplimiento.
Omdia identifica siete grandes desafíos que deberán abordar los futuros marcos regulatorios de la inteligencia artificial: la seguridad, la privacidad y la gestión de los datos y los derechos de autor, la capacidad de control sobre los sistemas, la ética, la transparencia y la rendición de cuentas, la ciberseguridad y la colaboración e interoperabilidad entre plataformas y organizaciones.
El estudio también señala que numerosos países han puesto en marcha estrategias nacionales de inteligencia artificial con el objetivo de reforzar su posición en la economía global de la IA. Estas iniciativas suelen centrarse en impulsar la investigación y la innovación, desarrollar talento especializado, acelerar la adopción de la tecnología tanto en el sector público como en el privado y fortalecer las infraestructuras digitales y los ecosistemas de datos.
“La soberanía en inteligencia artificial se está convirtiendo en una prioridad cada vez más importante para los gobiernos por motivos de seguridad nacional y competitividad económica”, sostiene McBride. No obstante, la consultora subraya que, pese al aumento de las estrategias nacionales, todavía son pocos los países que han aprobado una legislación específica sobre IA.
En este sentido, Omdia recuerda que el Reglamento europeo de IA entró en vigor en agosto de 2024 y se está implantando de forma escalonada, mientras que la Ley Básica de IA de Corea del Sur comenzó a aplicarse en enero de 2026, aunque contempla un periodo de adaptación de al menos un año antes de imponer sanciones por incumplimiento.
La consultora concluye que la aplicación de estas normativas supondrá nuevas exigencias regulatorias y un incremento de los costes operativos, especialmente para sectores intensivos en tecnología como las telecomunicaciones. “Tras el diseño y la aprobación de estas leyes, los reguladores deben centrar ahora sus esfuerzos en la implementación mediante medidas prácticas de cumplimiento, mecanismos eficaces de supervisión y orientaciones claras para la industria”, concluye McBride.











