La inteligencia artificial está llamada a transformar la relación entre los ciudadanos y la Administración pública. El objetivo ya no es solo digitalizar trámites, sino crear servicios capaces de anticiparse a las necesidades de las personas, automatizar procesos internos y utilizar los datos para mejorar la toma de decisiones.
Consuelo Sánchez Naranjo, secretaria de Estado de Función Pública, explicó durante el XVIII Encuentro del INAP sobre “Capacidades del estado digital: IA, ciberseguridad y soberanía tecnológica para servicios públicos confiables” que la transformación digital de la Administración requiere nuevas capacidades entre los empleados públicos y una evolución en la forma de organizar el trabajo.
Uno de los principales cambios llegará con la incorporación de la inteligencia artificial para reducir tareas repetitivas y permitir que los empleados públicos dediquen más tiempo a funciones de mayor valor. “No buscamos deshumanizar la Administración, sino liberar a los servidores públicos de tareas rutinarias y repetitivas gracias a la automatización para que puedan concentrar su talento en lo que verdaderamente importa”, afirmó Sánchez Naranjo.
La nueva Administración digital se apoyará en cuatro ámbitos: servicios más personalizados, accesibilidad para todos los ciudadanos, decisiones públicas basadas en el análisis de datos y sistemas de inteligencia artificial sometidos a criterios de ética, transparencia y supervisión.
La aplicación de estas tecnologías permitirá avanzar hacia una Administración más anticipativa. La inteligencia artificial podría ayudar a detectar cuándo una persona necesita renovar una prestación, asignar determinadas ayudas a familias vulnerables o prever necesidades sanitarias mediante el análisis de información disponible.
El uso avanzado del dato también permitirá mejorar la planificación de las políticas públicas. Los sistemas de análisis podrán ayudar a prever necesidades de vivienda, anticipar brotes epidemiológicos o planificar infraestructuras de transporte a partir de evidencias obtenidas de grandes volúmenes de información.
La incorporación de inteligencia artificial en los servicios públicos también plantea retos relacionados con la seguridad, la soberanía tecnológica y la confianza ciudadana. Sánchez Naranjo señaló que cualquier algoritmo utilizado para apoyar decisiones públicas debe ser “auditable y transparente” para garantizar un uso responsable de estas herramientas.
La transformación de la Administración dependerá además de la preparación de sus empleados. La IA permitirá automatizar procesos y mejorar la eficiencia, pero requerirá nuevas competencias digitales y una adaptación de las formas de trabajo para aprovechar su potencial sin perder el componente humano de los servicios públicos.
