La industria española encara el próximo curso con el reto de acelerar la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, todavía por debajo de la media del conjunto de empresas. Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria, ha reconocido que la industria presenta una menor implantación de esta tecnología y ha reclamado seguir avanzando en la transformación del modelo productivo, al tiempo que ha situado la autonomía tecnológica y las inversiones estratégicas como prioridades.
Durante su participación en el 40 Encuentro de AMETIC, Brustenga ha trasladado un mensaje de continuidad e impulso para la economía española y ha defendido que el país debe aprovechar la posición alcanzada en los últimos años. “Estamos en un momento en el que hemos jugado bien una partida, hemos tenido algunas cartas buenas, pero también hemos hecho bien las cosas, público y privado, en diferentes niveles de la Administración. Pienso que hay que acabar esta partida; queda camino, pero la dirección es la correcta”.
Uno de los retos pendientes pasa por extender el uso de la IA en el tejido industrial. Brustenga ha explicado que actualmente la empresa industrial se sitúa en torno a un 17 % de utilización de inteligencia artificial, frente al 21 % del conjunto de empresas.
El secretario de Estado ha apuntado que la implantación de esta tecnología presenta dificultades específicas en el ámbito industrial, donde cada empresa y cada fábrica tienen características diferentes. “Cada empresa, cada fábrica es un mundo, no se puede escalar de forma sencilla; hay una barrera de entrada, pero cuando entras, se ve el resultado”. Como ejemplos de aplicaciones concretas, ha citado a Lignum Tech, en Cuenca, que utiliza IA para el diseño de módulos de vivienda industrializada, y a Vall Companys, en Lleida, que emplea esta tecnología para filtrar la calidad del grano en su actividad harinera.
Brustenga ha identificado tres grandes focos de trabajo para el próximo curso: la industrialización, las inversiones estratégicas y la autonomía tecnológica. En un contexto internacional marcado por la incertidumbre, el secretario de Estado ha defendido que España no puede controlar las tensiones que se produzcan a escala mundial o europea, pero sí decidir dónde concentra sus esfuerzos. “No podemos controlar el ruido que va a haber a nivel mundial y europeo este año, pero sí podemos decidir entre todos dónde ponemos el foco”, ha afirmado. A su juicio, la diferencia estará en “seguir industrializando, en trabajar juntos en qué inversiones aceptamos y en qué condiciones”.
En este sentido, ha animado a empresas y comunidades autónomas a mantener una estrategia coordinada para avanzar en la transformación de la industria, un proceso que considera determinante para la competitividad del país durante las próximas décadas. “Está saliendo bien la transformación del modelo productivo”, ha señalado, al tiempo que ha destacado el volumen de inversiones industriales acometidas en los últimos años. No obstante, ha advertido de que todavía queda “mucho que hacer” y ha defendido la necesidad de completar el proceso.
La Ley de Industria, una “ventana de oportunidad”
Entre las prioridades normativas se encuentra la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, actualmente en el Congreso. El Gobierno mantiene su intención de aprobarla antes de que termine la legislatura y considera que todavía existe una “ventana de oportunidad” para alcanzar un acuerdo parlamentario.
Brustenga ha defendido la necesidad de convertir en estructural la política industrial desarrollada durante los últimos años. Para ello, ha reivindicado la experiencia acumulada con instrumentos como los PERTE, los proyectos estratégicos, las mesas de reindustrialización y los mecanismos vinculados a la autonomía estratégica.
A su juicio, estas políticas necesitan ahora una base legal que garantice su continuidad independientemente del Gobierno que esté al frente del Ejecutivo. “Una cosa es que un Gobierno quiera hacerlo, otra cosa es que haya una ley que nos obligue, sea quien sea, a que la política industrial se tome en serio”, ha explicado el secretario de Estado quien ha destacado además dos hitos normativos en marcha: la Industrial Accelerator Act a nivel europeo, que ha definido como “la primera vez que Europa regula política industrial”, y la futura ley española de Industria y Autonomía Estratégica.
“Hay que ponerle una institucionalización de esta política industrial”, ha defendido Brustenga, que considera necesario que el esfuerzo inversor realizado durante estos años deje un legado permanente y no tenga un carácter meramente extraordinario. Preguntado por las posibilidades de que la norma salga adelante con la actual mayoría parlamentaria, ha remarcado que “hasta fin de legislatura hay ventana de oportunidad”.
Plan Auto 2030 y conflicto en Airbus
El secretario de Estado también ha defendido el Plan Auto 2030 como una herramienta para acelerar la electrificación del sector y, al mismo tiempo, estimular nuevas inversiones en fabricantes y empresas de componentes. “Cuando el inversor, la fábrica o el sector de componentes ve que se van comprando más y más coches eléctricos o enchufables, se anima a seguir invirtiendo”, ha señalado. Aunque los primeros datos son positivos, el Gobierno mantiene por ahora la prudencia sobre una posible ampliación de los 400 millones de euros del programa.
En el ámbito aeroespacial, Brustenga ha mostrado su preocupación por el conflicto laboral en Airbus, aunque ha subrayado el potencial de crecimiento del sector, tanto en la aviación civil como militar. España, ha asegurado, está bien posicionada para aprovechar esta oportunidad y el Gobierno no descarta intervenir para facilitar un acuerdo entre empresa y sindicatos. “No podemos jugar con el pan de los próximos 30 años porque es lo que estamos jugándonos”.
Respecto a las inversiones chinas, el secretario de Estado ha destacado la experiencia adquirida en proyectos vinculados al automóvil y las baterías, como los de Chery y Ebro, CATL y Stellantis o Santana con Bike. En relación con el proyecto de Ferrol, ha señalado que será necesario evaluar su impacto sobre las infraestructuras, el empleo y la cadena de valor local, aunque se ha mostrado optimista y ha asegurado que el Gobierno está “muy alineado” con el Ejecutivo gallego para que la iniciativa llegue a buen término.
