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2018 o la obligación de facturar electrónicamente con las AA.PP. de la UE

A España le costó asumir que estábamos obligados a facturar electrónicamente a los proveedores de la Administración Pública, a pesar del ahorro de costes y la mejora de los plazos de pago que esto suponía. La obligatoriedad de la Ley hizo que no quedara otro remedio que acatar la normativa, sin embargo otro escollo podría producir nuevos problemas: el estándar común que las empresas europeas tendrán en 2018 para facturar electrónicamente con las administraciones públicas de la Unión Europea, algo que podría obligar a realizar nuevas inversiones, con el fin de adaptarse al modelo europeo de facturación electrónica.

En nuestro país disponemos de “facturae”, que podremos seguir utilizando, por lo que el gasto repercutiría en las Administraciones Públicas, al tener que aceptar nuevos formatos. Aunque “facturae” podría migrar hacia el formato europeo, lo que obligaría a que los proveedores de las Administraciones vayan cambiando sus sistemas para trabajar con una nueva versión que tendrá modificaciones negativas en su base. Una solución sería recurrir a operadores externos que realicen las adaptaciones, sin que repercutan negativamente en la actividad de sus clientes.

 

Y es que tal y como asegura Alberto Redondo, director de marketing para Iberia y LATAM de Seres, compañía especializada en servicios de intercambio electrónico seguro de documentos, la normalización de un modelo de factura electrónica europeo es complejo, al tener que adaptar todas las singularidades contables y físicas de varios países, asegurando su interoperabilidad.

De todas maneras, antes del 27 de mayo de 2017 el Comité Europeo de Normalización tendrá que publicar el Formato de Factura Electrónico Europeo. En paralelo la directiva se debe trasponer según los plazos de aprobación de la norma pero antes del 27 de noviembre de 2018, con aplicación para la Administración General del Estado. Alcanzar estos objetivos es fundamental y para ello se ha creado el CEN/PC 434, un órgano de normalización que se apoya en su participación nacional a través de AENOR, junto a un Comité Técnico Nacional: AEN/CTN 312 “Facturación electrónica en la contratación pública”, para participar en los trabajos derivados de la Directiva 2014/55/UE.

El primero cuenta actualmente con ocho líneas de trabajo relacionadas con el esqueleto de la norma y con todo lo que da forma en detalle al modelo semántico, guías de transmisión y pruebas del resultado.

Redondo reconoce que tras la primera votación del borrador de la norma europea, la propuesta ha tenido un voto negativo, por lo que queda por delante un largo camino para el consenso”.

 

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